BRASILIA, 17 jun (Xinhua) -- El ex ministro brasileño de Hacienda, Nelson Barbosa, dijo hoy, en testimonio ante la Comisión Procesante del "Impeachment" (juicio político) en el Senado, que la propuesta del gobierno interino de Michel Temer de limitar los gastos públicos refuerza la defensa de la suspendida presidenta Dilma Rousseff.
Según Barbosa, la Propuesta de Enmienda Constitucional enviada por Temer al Congreso esta semana demuestra que lo importante en el área fiscal, como busca apuntar la defensa de Rousseff, es la ejecución de los gastos y no la dotación presupuestaria.
El ex ministro señaló que los decretos editados por Rousseff el año pasado, uno de los argumentos del proceso de "impeachment", no afectaron la meta fiscal fijada por el Congreso.
"El gobierno del vicepresidente en ejercicio al proponer su límite de gastos eligió el criterio financiero. Creo que eso, más que cualquier cosa, atesta la buena fe de los actos practicados por la Presidencia de la República", afirmó.
La declaración ocurrió en el marco de los testimonios presentados por la defensa en el juicio político contra Rousseff, suspendida por 180 días para ser juzgada por presuntas irregularidades fiscales.
Un de las principales acusaciones contra la presidenta es que firmó decretos que autorizaban gastos no aprobados por los legisladores, como determina la Ley de Presupuesto.
La defensa, en cambio, alega que los decretos establecieron solamente dotaciones presupuestarias y no autorizaron un gasto financiero, por lo que no se afectó el cumplimiento de la meta fiscal.
"Por tratarse de un crédito suplementario que no tiene impacto sobre la meta, no fue considerada la meta de resultado primario. Fue considerado un crédito suplementario para dar más libertad para la asignación de un valor ya disponible", explicó Barbosa.
"No hubo aumento en gasto financiero total o de empeño total hasta el cambio de la meta (fiscal)", agregó.
El pasado miércoles 15 de junio, Temer envió al Congreso la propuesta que establece un techo a los gastos públicos por 20 años, dejando a los legisladores decidir hacia qué áreas serían distribuidos los recursos, respetando un piso constitucional.
