Por René Quenallata Paredes
LA PAZ, 21 abr (Xinhua) -- En Bolivia ha generado polémica la obligatoriedad de hablar al menos un idioma nativo además del español para desempeñar funciones públicas, entre ellas la habilitación como Defensor del Pueblo, afirmó el abogado William Bascopé.
El constitucionalista señaló a Xinhua que la disposición enmarcada en la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, además de la propia Constitución, ha generado distintos cuestionamientos.
El artículo 235 de la Constitución Política del Estado (CPE) plantea en su numeral 7 hablar por lo menos dos idiomas oficiales en el país (uno indígena más español) para desempeñar funciones públicas.
El plazo constitucional con carácter obligatorio para que funcionarios cumplan la obligación venció el 2 de agosto del año pasado.
Bascopé sostuvo que el marco normativo no se cumple porque la mayoría no sabe hablar un idioma indígena o nativo en entidades públicas, a pesar de asistir a clases.
"Muchos funcionarios pasaron clases, pero al final tampoco saben, pero cuando se trata de exigir este requisitos a los candidatos como al Defensor del Pueblo, las autoridades legislativas son implacables e inhabilitan a postulantes por esta situación", aseveró el abogado.
El constitucionalista lamentó que se exija el requisito como "ineludible", cuando las principales autoridades son las primeros en no cumplir con la ley.
El 75 por ciento de los 163 aspirantes a Defensor del Pueblo fue inhabilitado precisamente por no cumplir con alguno de los requisitos, entre ellos no hablar una lengua nativa, según informes de la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo.
El abogado comentó que incluso al propio presidente boliviano, Evo Morales, no se le ve hablar en su idioma original, ni al vicepresidente Alvaro García Linera.
En el mismo caso están autoridades municipales como el alcalde de La Paz, Luis Revilla, y el gobernador del departamento de Santa Cruz (este), Rubén Costas.
Bolivia cuenta con 350.000 servidores públicos, de los cuales la mitad se inscribió en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional que imparte idiomas originarios y solamente 20.000 están certificados, según datos oficiales.
La escuela es manejada por el Ministerio de Educación y el Viceministerio de Descolonización.
En tanto, el presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, Ludwing Valverde, manifestó a Xinhua que la normativa vigente relativa al manejo de dos idiomas es compleja y existen varios obstáculos para su cumplimiento.
Expresó que desde las instancias de enseñanza no se dieron las condiciones necesarias por el gran número de funcionarios que representan la administración pública.
A su vez, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, recordó que el requisito que obliga a los postulantes a Defensor o Defensora del Pueblo emana de un mandato de la Constitución.
En tanto, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Milton Barón, quien aseguraba tener la documentación que certifica su manejo del idioma quechua, no supo hablar cuando se le pidió saludar en esa lengua en vivo para la televisión.
Un caso paradójico lo constituye uno de los responsables de depurar la lista de candidatos a Defensor del Pueblo, Milton Barón, quien tampoco habla un segundo idioma.
Se trata del presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.
La nación cuenta con 36 idiomas considerados oficiales, entre ellos el castellano y los demás originarios.
Dentro de estos últimos se encuentran aymara, quechua, guaraní, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimane, ese ejja, guaraní, guarasu´we, guarayu, itonama y leco.
Están también machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uruchipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco.
Por su parte, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, sostuvo que si un funcionario público no sabe un idioma nativo está incumpliendo la Constitución
Expuso que ello implica que su jefe inmediato superior que lo contrate cometerá una falta a la normativa por acusación u omisión.
