BEIJING, 11 mar (Xinhua) -- El ministro chino de Protección Ambiental, Chen Jining, aplaudió hoy viernes la resolución del Tribunal Popular Supremo (TPS) sobre un procedimiento de interés público relativo a la contaminación del desierto de Tengger, situado en el noroeste de China.
Un grupo de defensa del medio ambiente presentó una demanda contra ocho compañías por descargar en el desierto residuos no procesados en agosto del año pasado, pero el Tribunal Popular Intermedio de Zhongwei, de la región autónoma de la etnia hui de Ningxia, se negó a admitir a trámite el caso.
El TPS dictaminó el 28 de enero que el tribunal local debe ocuparse del asunto, según reveló Chen en una conferencia de prensa en Beijing en el marco de la la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional.
Varias compañías de Gansu, Mongolia Interior y Ningxia, limítrofes con el Tengger, fueron denunciadas por deshacerse ilegalmente de residuos industriales en el desierto desde 2007. Los medios vienen informando de que la contaminación amenaza el agua subterránea del área damnificada.
Las empresas involucradas se cerraron, se procesó a algunos de sus directivos y se sancionó a varios funcionarios, pero la restauración de las áreas contaminadas apenas ha avanzado, según la Fundación de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Ecológico de China, institución que presentó la demanda contra las empresas contaminantes.
Algunas compañías llegaron a malversar fondos públicos destinados a restaurar el desierto, evadiendo sus responsabilidades, según alegó la fundación en un comunicado el pasado agosto.
La fundación espera que se fuerce a los contaminadores a recuperar el terreno o indemnizar a las víctimas. El caso sirve de ejemplo típico de procedimiento de interés público y supone una advertencia a otros infractores.
La ley de protección medioambiental de China, reformada en 2014, introdujo procedimiento de interés público y amplió la competencia para presentar pleitos en este tipo de casos.
Los tribunales chinos juzgaron el año pasado 53 procedimientos de interés público, en seis de los cuales se demandó a los departamentos medioambientales por incumplimiento de sus atribuciones.
